Es una asociación no gubernamental que fue constituida en Venezuela en el año 2002 para brindar asesoría legal gratuita a las personas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos.
Además de disponer de más de 200 abogados en el ámbito nacional, ésta organización cuenta con más de 1700 voluntarios que brindan asistencia a las víctimas y familiares en promoción al respeto de los derechos humanos.
El Foro Penal Venezolano está reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) órgano independiente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y en consecuencia en meses recientes ha solicitado al gobierno venezolano garantizar la integridad de los defensores de los desechos humanos y la protección a sus labores de defensa.
Especialmente se solicitó garantizar la vida de varios de sus representantes generales y regionales, en especial desde el recrudecimiento de las protestas, las violaciones de derechos humanos y la agudización de las persecuciones políticas durante los últimos meses, en los cuales se han detenido arbitrariamente más de 6.000 personas y se ha incrementado el número de presos políticos.
En los últimos años y en especial a partir del mes de marzo de 2017, ésta institución se ha convertido en un referente de justicia en Venezuela, dado la ineficiencia de la administración de justicia y la cuestionada actuación de las fuerzas de seguridad y orden público. Cada día a través de las redes sociales, se hace evidente la confianza que los ciudadanos depositan en el Foro Penal, pues en sus manifestaciones públicas siempre tienen presente los datos de contacto de las distintas sedes del Organismo como garantía de respaldo si ocurriesen detenciones forzosas.
En los últimos meses de este año, las manifestaciones se han intensificado masiva y significativamente tanto que el Foro Penal detalla la situación de miles de venezolanos a través de varios documentos que pueden ser consultados a través de su página web y que recogen testimonios de primera mano, por parte de afectados y colaboradores.
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| 106 personas asesinadas desde 1. abril 2017 |
Son datos impresionantes que ponen en evidencia la violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales reflejado en los más de 360 civiles arrestados y puestos a la orden de tribunales militares sin garantía de un debido proceso, todo suscitado a partir del 1 de abril de 2017 y que a fecha de hoy sigue aumentando en número y en intensidad de arbitrariedades y torturas, dejando como gran colofón un total de 106 personas asesinadas en las protestas (todas ellas por impacto de bala, asfixia por gases lacrimógenos, impacto con objeto contundente: bombas lacrimógenos.
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